viernes, mayo 14, 2010

ESTADO Y MERCADO: UN BREVE ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO.


Antes que nada es imperativo que el trabajo en cuestión no trata de saber cual es o no el mejor ni tampoco llevar el agua del tema a cuestiones ideológicas, esto implicaría ser demasiado burocrático en el sentido de crear más "falsos dilemas" que en nada aportan al desarrollo del tema, solo me limitaré a dar una "episteme" bien clara, para el aporte de aquellos que interesen.

Jorge Isauro Rionda Ramírez[1]


Mercado y Estado.[2]
El mercado es el entorno en que se mueve la empresa. La competencia en el mercado es lo que concilia los intereses de los consumidores respecto al interés diametralmente encontrado de los productores.

El  Estado tiene básicamente 3 funciones:[3]

  1. La eficiencia económica que es relativa al uso racional de los factores productivos, que toca especialmente al carácter de sustentabilidad que debe cumplir el crecimiento económico para garantizar que el crecimiento no se dé a costa del desarrollo.

  1. La competencia económica que toca el tema de la regulación de las empresas en condiciones de alguna forma de monopolización de los mercados.

  1. Las externalidades de la producción, que tiene que ver con regulaciones a las empresas respecto al efecto de tiene en terceros sus actividades productivas, muchas veces nocivas involuntariamente, tal es el caso del control ecológico de sus emisiones y actividad económica.

De lado es importante señalar que el Estado, mediante su política económica o acción persigue de principio darle al sistema estabilidad. Esto es, que los patrones de las variables no cambien, al menos en el corto y mediano plazo.

La política económica se define como un conjunto de acciones (inversión pública), y orientaciones (instituciones), que coadyuvan en el crecimiento económico para que sea lo sostenido sea sustentable, estable y autónomo. En otras palabras procura propiciar crecimiento con estabilidad.

La cuestión de interés en el sentido económico para el Estado es la respuesta o respuestas que caben en las siguientes dos cuestiones:

  1. ¿Hasta dónde es sustentable lo sostenido? Esto es, hasta dónde se justifica en lo social, en lo cultural, en lo económico y en lo ecológico el estilo de vida que se tiene, y,

  1. ¿Hasta dónde es sostenible el sustento? O lo que es lo mismo, hasta dónde se puede llegar con el estilo de vida vigente.

Para ello el Estado delinea sus acciones y el marco institucional en que se desenvuelven las iniciativas o empresas.

Ahora, ¿por qué es importante el estado de al sistema estabilidad? Porque de quienes depende el progreso o las iniciativas, los empresarios, la decisión de invertir deriva de la conciliación de dos elementos objetivos y otro más de tipo subjetivo.

El inversionista debe considerar el costo del dinero, que es la tasa de interés que paga por el dinero que le prestan. Segundo, la redituabilidad de los negocios admita el costo del dinero cuya merma no sea moralmente significativa por las ganancias esperadas. Que la eficiencia marginal del capital respecto a la tasa de interés deje un remanente neto admisible para que sea atractiva la inversión. Estos son los dos componentes objetivos.

El tercer componente subjetivo es relativo a las expectativas racionales de los empresarios. Esto es, la certidumbre que tenga del futuro. Especulación es creer saber que va a pasar mañana. [4]

La inversión en si es una fórmula de gasto, igual que el consumo, pero la diferencia existente entre ambas fórmulas de gasto es que el consumo es algo que nos da una satisfacción en el inmediato plazo, mientras que la inversión es un gasto presente donde se renuncia a la satisfacción inmediata por ver un mayor beneficio a futuro.

Los inversionistas son personas que especulan y para ello deben conocer con suficiencia las variables de su interés, al grado que dicho conocimiento funde la certidumbre de la expectativa creada en la inversión. Es certidumbre depende del grado de estabilidad del sistema.

Si un sistema económico, como es el caso de una economía pequeña o una economía con un sistema económico incipiente, es altamente vulnerable y en si voluble, por lo que en el corto o mediano plazo alberga pocas expectativas creíbles. Si un empresario tiene temor que las cosas cambien en el tiempo que el invierte, considera un riesgo moral al grado significativo que incluso hace que no invierta aún la redituabilidad neta de la inversión.

Es por ello que el Estado debe procurar darle al sistema estabilidad, que estabilidad económica es estabilidad en precios: inflación. La estabilidad en precios, según sea el plazo en que pueda darse, alberga y anima a los empresarios a invertir, lo que reactiva el crecimiento de las empresas y en sí, el económico.

Cuando existe poca inflación la tasa real neta de las ganancias de los negocios se amplía, por lo que hace más redituables las inversiones y motiva a los negocios. Contrario, cuando la inflación es alta, estrecha el margen de ganancia de los negocios, y desalienta la inversión ante el incremento del temor al riesgo que se vuelve significativo.

Con lo anterior, queda claro que el reto directo del Estado por darle estabilidad económica al sistema es controlar la inflación, lo cual implica mucha disciplina monetaria, fiscal, de mercado y de regulación y competencia.

Por otra parte, en el sentido de que el desarrollo debe ser sostenido, autónomo, es que se debe crecer por iniciativa de la prosperidad de los negocios de las personas, por sus propios recursos y valuando sus propios riesgos. Y no propiciar un crecimiento inducido mediante la acción del Estado, como es la inversión y gasto público, subsidios y subvenciones, estipulación de precios de garantía al productor o al consumidor, evitando desviaciones de mercado por la acción del Estado.

Si el Estado logra un control real de la inflación y expectativas de precios estables y garantizables, entonces se reactiva el crecimiento desde las empresas.

Otro aspecto es que el Estado debe propiciar crecimiento con estabilidad. Por lo que en el grado de cumplirse esto, en este mismo grado el crecimiento logra ser sostenible. Tal situación implica no solo aspectos de rigor económico y de administración pública, sino también existen aspectos de tipo social y político que no deben subestimarse, incluso las adversidades climáticas o meteorológicas.

Un régimen político sustentado en la libertad y la democracia supone una estabilidad política, contrario, un régimen fascista puede ser tan estabilizador y benéfico como radicalmente inestable y riesgoso.

En su papel económico hay 4 acotaciones básicas de la ética de la regulación del Estado:

  1. Liberalismo.
  2. Neoliberalismo.
  3. Keynesianismo.
  4. Marxismo.

La diferencia existente entre estos 4 regímenes de regulación es por el grado de intervenir a la economía y las orientaciones que conlleva la política económica. Por decir, el liberalismo propone una total libertad (democracia), del actuar de los negocios, idealizando al sistema como perfecto, el neoliberalismo propone un estado mínimo admitiendo que el sistema no es perfecto. El marxismo lo ve totalmente caótico contradictorio por lo que sugiere una total intervención (dictadura), mientras que el keynesianismo con menor radicalidad sugiere una álgida pero no total intervención.

El capitalismo es un sistema muy complejo e históricamente expresa una gran diversidad y heterogeneidad. No obstante hay cuatro rasgos que comparte cualquier economía capitalista:

  1. Es un sistema de mercado.
  2. Se basa en la propiedad privada.
  3. Lo mueve la usura y la ganancia.
  4. El dinero tiene un carácter fiduciario.

El capitalismo es un sistema económico en el cual se existe la posibilidad de los individuos  de poseer capital y beneficiarse de él.

En la geografía mundial actual, concibe Samuelson, hay básicamente tres grandes grupos de sistemas económicos:

  1. Los capitalistas o sistemas de mercado.
  2. Los sistemas de planificación central o socialistas.
  3. Los esquemas indígenas, de costumbre, tradición.

Los sistemas dominantes son los de mercado, especialmente después de 1989 con la caída del Muro de Berlín que significó el abandono del régimen socialista por una fracción bastante importante de naciones socialistas que se convirtieron o pasaron a ser economías de mercado.

Ahora también, existen fuera de las diferencias sistémicas, diferencias por el grado de desarrollo como de dimensión y dependencia económica.

Es entonces importante definir qué es capital. Un bien de capital es aquel que sirve para producir otros bienes.

Por Estado se comprende a una población en un territorio definido políticamente bajo un Gobierno.

Regresando al tema de la inversión, el control del sistema de precios no sólo es importante por la estabilidad deseada del sistema, sino porque los precios en sí trasmiten información importante tanto a consumidores como a los inversionistas. Coordinan las decisiones de los productores y de los consumidores en el mercado. Su subida tiende a reducir las compras de los consumidores y a fomentar la producción. Su bajada fomenta el consumo y desalienta la producción. Los precios constituyen el engranaje de los precios de mercado.

Por lo mismo se desea un sistema de precios naturales, estipulados por las fuerzas del mercado. Sin distorsiones artificiales causados por el actuar del Estado.

Los roles emergentes del Estado.[5]

En un intento para crear una tipología de acercamientos a la organización económica, Dunning (1997) identifica seis roles del gobierno en una economía orientada por el mercado: los intereses políticos y económicos del Estado deben ser la principal justificación para la actividad económica (mercantilistas, regular los asuntos de acuerdo a un orden natural (Fisiócratas), la "mano invisible" de los mercados como el mejor asignador de los recursos (clásicos y neoclásicos), un activo y participativo papel del Estado en todos los aspectos de los asuntos económicos (economía socialista), el bienestar social de la comunidad y la distribución del dividendo nacional (economía de bienestar), libertad personal y contra la intervención del Estado (contractarianismo) y la falta de confidencia en la eficiencia y en la justicia social de la economía del mercado justifican las intervenciones del Estado (Estructuralismo).

Los nuevos roles emergentes en las responsabilidades del Estado incluyen las formas en que éste afecta al mercado. El nuevo Estado emergente es un Estado capitalista neoliberal que se ha convertido, al decir de Cox (1992) en la "correa de transmisión" de los intereses globales a los nacionales. Por lo tanto, el nuevo Estado es una agencia para el ajuste de las políticas económicas nacionales y las prácticas de las exigencias percibidas de la economía global. Esto puede apreciarse con el crecimiento de las agencias estatales que cada vez se conectan más a la economía global. Sin embargo, Baker (1999) no está de acuerdo con esta noción del Estado. En todo caso, la metáfora no captura la complejidad de la relación entre los procesos de globalización y el Estado.

El Estado emergente está transitando de un Estado interventor a un Estado facilitador de las actividades del sector privado. Pero en este tránsito se está descuidando el combate a los problemas de la pobreza, la marginación y la exclusión social. El nuevo modelo simplemente ignora la necesidad de desarrollar un sistema social más justo y eficiente, con las instituciones que lo garanticen. Hasta ahora, la instrumentación de programas de estabilización y ajuste macroeconómicos ha dejado un fuerte impacto en los segmentos más pobres más pobres de la sociedad, lo que hace urgente que se realicen arreglos institucionales que hagan inversiones sociales para legitimar los roles emergentes del Estado.
Tres principios sirven de fundamento para legitimar los diferentes roles del Estado en una sociedad. Siguiendo a Camou (1998), estos tres "principios legitimadores" del desarrollo y del progreso de los individuos en la sociedad son: en primer término el "privatista" que se fundamenta en la libre iniciativa y la competencia abierta, el principio "compensador" que fundamenta la protección a través de compensaciones que debe dar el Estado a los grupos sociales más vulnerables, y finalmente el principio de "bienestar" que justifica la intervención del Estado para satisfacer las necesidades apremiantes de grandes grupos de la población que carecen de bienes y servicios básicos.

Desde otro punto de vista, el punto de vista filosófico/ideológico refleja la naturaleza de la sociedad y la forma correcta, más que eficiente, de cómo la actividad económica debe ser organizada. El punto de vista del costo-beneficio de las formas organizacionales alternativas (mercados, jerarquías, comunidades) parte de la consideración de que en una situación de perfecta competencia, los mercados son el mejor instrumento para la asignación de recursos escasos. Tal parece que la tendencia dominante en la ola de cambios de las formas organizacionales apuntan hacia una hibridización de formas de jerarquías y mercados, las cuales introducen los incentivos de los mercados en las organizaciones y jerarquías que controlan el manejo de los activos en los mercados.

La forma del mercado se fundamenta en el mecanismo de los precios para coordinar oferentes competitivos y compradores anónimos. Con mercancías estándar, derechos de propiedad y precios marginales se promete optimizar la producción y la distribución: la dinámica de la competencia, la provisión y la demanda llevan el precio a un bienestar social que es un óptimo de Pareto, en el cual ningún bienestar se incrementa sin que se reduzca el de otro (Adler, 1999). Amartya Sen muestra cómo los derechos liberales pueden producir resultados que cada individuo preferiría evitar, por lo tanto, violando el principio de Pareto.

Sen critica el "bienestarismo" (Welfarism) porque hace de los juicios morales una función sólo de la utilidad de los individuos. Lo define como el punto de vista que enjuicia la relativa bondad de los estados de cosas alternativos, los cuales deben estar basados exclusivamente en, y tomados como un incremento de la función de, las respectivas colecciones de las utilidades individuales de estos estados (Sen, 1979). Sin embargo, la teoría del bienestar no necesita asumir que el bienestar social para una población dada es igual a la suma de las utilidades individuales.

Chang (1999) presenta un ejemplo de una función de bienestar que puede incorporar principios de justicia y aún cumplir con el principio de Pareto, demostrando que el principio de Pareto por sí mismo no necesariamente implica que se tenga que abandonar principios de justicia, imparcialidad y tolerancia liberal. La teoría de la justicia puede incorporar el principio de Pareto y puede generar además una lista jerarquizada completa de alternativas, tanto como una función utilitaria de bienestar social puede. Para ello, necesita de instituciones morales fuertes con respecto al principio de tolerancia liberal y que además respete el principio de Pareto.

La sola justificación de la intervención externa es que de una manera u otra, los mercados fallan en el desempeño del óptimo de Pareto. Las razones de las imperfecciones del mercado más importantes que afectan los niveles de precios y el desarrollo, entre otros son, las distorsiones de las estructuras del mercado en oligopolios y monopolios, la recesión del mercado interno, las externalidades y la beneficencia social. Además se consideran también las deficiencias en la infraestructura física, el desempleo estructural, los cuellos de botella que aumentan los costos de producción y distribución, las instituciones y los costos de transacción y coordinación y la tecnología y el cambio organizacional.

Las jerarquías fundamentan la autoridad en el poder legítimo o "fiat" para crear y coordinar la división horizontal y vertical del trabajo, con una variación considerable de niveles y de actividades agrupadas. Muchas organizaciones están diseñas en estructuras jerárquicas, en las cuales cada administrador reporta solamente a otro de nivel superior.

El papel del Estado en el desarrollo económico ha cambiado radicalmente desde la crisis de la década de los ochenta y se ha acelerado con los procesos de globalización. Pero la reducción de funciones del papel del Estado en la política económica no es una condición suficiente para el habilitamiento de otras instituciones. El bienestar fue evaluado como la distribución de un producto social neto sobre las bases de ciertas funciones que los ciudadanos cumplían y de derechos derivados de ciertos roles personales. Las necesidades en materia económica eran mensurables y capaces de ser comparadas interpersonalmente dentro de un espacio público de ciudadanía. Se enfatizaron la titularidad de las asignaciones dentro de un concepto de distribución económica,  contrastados con las diferentes numeraciones asociadas con estimaciones de gastos e ingresos agregados que se centraban en un concepto de ciudadanía "activa e individualista".

Ahora se insiste en que los Estados subjetivos no pueden ser comparados, pero que las operaciones de "la economía" son concebidas como una entidad largamente autónoma gobernada por sí misma, reguladas para hacer disponible las satisfacciones individuales que persigan los individuos (Brown, 1997). Un individualismo y un libre mercado han dado por resultado compradores y vendedores monopolísticos agrupados en corporaciones transnacionales monopolísticas e impersonales.

La Nueva Macroeconomía Clásica aliada de la Nueva Derecha y al conservatismo que se apoya en la teoría de la elección pública, basada en los trabajos de Buchanan y Tullock (1962), favorecen el establecimiento de reglas constitucionales para controlar las acciones del Estado, limitar sus intervenciones y reducir su crecimiento (Gilbert and Michie, 1997), aunque es dudosa la aseveración de que la Nueva Macroeconomía Clásica se apoya en el trabajo de elección pública de Buchanan. Puesto que los niveles de intervención del gobierno son altos en la mayor parte de las economías, la Nueva Macroeconomía Clásica apoya las acciones tendientes a establecer reglas que gobiernen la elección de las políticas, las cuales considera son no efectivas en su generalidad. Por ejemplo, Buchanan argumenta a favor de reglas que restringen la acción del gobierno a fin de limitar la coerción de individuos ya sea a través de las acciones propias de otros individuos o a través de acciones colectivas por medio del gobierno.

La Nueva Macroeconomía Clásica es un acercamiento instrumentalista que llama por reglas de las políticas bajo el supuesto básico de que los mercados trabajan y que la intervención del gobierno es superflua y generalmente el responsable de los problemas macroeconómicos. La intervención incontrolada del Estado en el mercado crea incertidumbres que causan inflación y es responsable de los ciclos de los negocios. Por lo tanto, concluyen los autores, las reglas son preferibles a la discreción. Pero la no intervención del gobierno en la economía, es lo mejor.

De un Estado activo que intervenía en la racionalidad del desarrollo económico, de acuerdo con Salazar Xirinachs, se ha pasado a "...un ambiente intelectual de profundo escepticismo acerca de los motivos, las habilidades y la conveniencia de la intervención estatal, y a una reafirmación de las bondades de las fuerzas del mercado y de la iniciativa individual y privada". El elemento central de este nuevo orden es la intervención del Estado sobre una base diferenciada en la complejidad de la nueva economía. Así por ejemplo, Buchanan (1991) no niega el papel del gobierno cuando centra su atención en la posibilidad de las fallas del mercado y la tendencia a expender el nivel de intervención del gobierno. En este sentido, las reglas son diseñadas para afectar el proceso de gobierno.

Por otro lado, la Nueva Macroeconomía Clásica considera la intervención del Estado como ineficiente y las reglas como los medios para limitar y reducir hasta lo posible la intervención del gobierno (Gilbert and Michie, 1997). El gobierno ya no es más un lugar para las simples estructuras de los flujos de materiales planeados. El manejo de los asuntos públicos requiere de un acercamiento altamente diferenciado en las cuales las decisiones finales se toman sobre la base de una cascada de decisiones preliminares (Köning, 1998). Esta reevaluación del papel del Estado se encuentra "...estrechamente asociada con una reevaluación de las estrategias y mecanismos para promover el desarrollo y lograr la reactivación económica..." en los términos de Salazar Xirinachs. Sin embargo la limitación de las funciones del Estado en materia de economía política no garantiza el adecuado funcionamiento de otras instituciones.

El gobierno del Estado-nación despiadadamente sometido a los embates de las fuerzas económicas transnacionales y a una revolución tecnológica de la información, no debe sucumbir fácilmente a las presiones, y menos renunciar a sus funciones de mediadores entre la sociedad y el mercado frente a los enormes retos que estos cambios globales significan. Por el contrario, ante el enorme reto que representan las fuerzas de los procesos de globalización informática y económica, los Estado-nación deben fortalecer sus estructuras mediante la reorganización y el refinanciamiento de las instituciones del Estado-nación necesarias para establecer la nueva gobernabilidad entre la sociedad y el mercado. Con ello, se debe apoyar un desarrollo que se sustente en una profundización de la democracia y solidaridad social.

Las nuevas formas de gobernabilidad de un Estado-nación ampliamente insertado en la globalidad, deben traducirse en políticas públicas que posibiliten una relación positiva entre el crecimiento económico y el desarrollo social. El crecimiento económico que pueda derivarse de los procesos de globalización tiene que acompañarse de un conjunto complejo de políticas entre las que se deben incluir la asistencia financiera y técnica multilateral proveniente de organismos e instituciones globales, así como encausamiento para la transferencia y ayuda bilateral a los países menos desarrollados.

La práctica de políticas públicas y una política económica que promuevan un crecimiento económico que provea los recursos para sostener una política social capaz de mejorar la equidad en la distribución de los beneficios, es un requisito necesario, aunque no suficiente para ampliar las opciones y oportunidades al pleno desarrollo humano. Además, las políticas públicas deben orientar y apoyar los procesos de transformación que la sociedad misma impulsa e incorporar a la ciudadanía y a la sociedad en los beneficios y oportunidades y no solamente en el traslado de los costos de estos cambios. El progreso y desarrollo de los países requiere además del Estado de Derecho, probidad financiera, estabilidad política, la ausencia de conflictos y de un marco legal que estimule las inversiones domésticas y foráneas.

El desarrollo de la democracia y el desarrollo integral de la sociedad son dos factores importantes para avanzar en las nuevas formas de la gobernabilidad sustentadas sobre la base de un Estado-nación eficaz y con un liderazgo político fuerte y un ejercicio de la autoridad delimitado por las instituciones que articule las diversas fuerzas y armonice los intereses. Todavía el Estado nacional constituye la base territorial para sostener la gobernabilidad y la democracia como los primeros recursos para legitimarse y para delimitar la ciudadanía misma que representan. Frente a los retos de competitividad que plantea la globalidad, un Estado-nación con estas características es el mejor diseño para la incorporación y la expresión de las expectativas de la sociedad y para conectarlas con los cambios del ambiente globalizador.

Perspectiva en relación al rol del Estado con respecto a la Sociedad de consumo.[6]
El rol fundamental del Estado, como ya esta mencionado arriba, es la competencia económica que toca el tema de la regulación de las empresas en condiciones de alguna forma de monopolización de los mercados.

En este ámbito, no hay rareza conceptual dada de que el Estado pudiese invertir, con dinero público, en un negocio que deba considerarse público (como la electricidad), ya que, se podría lograr establecer una reducción de los costos directos para el usuario, que sería el primer beneficiario del bajo costo que implicaría dicha inversión, sin embargo, el temor fundamentado de que dichas inversiones puedan beneficiar a terceros sin que se logré el beneficio al usuario es latente, ya que la carga burocrática es tremenda, y con ello surgen altos niveles de corrupción que empañan, de lejos, la labor de ese Estado (que, en los términos correctos, se los conoce como Welfare State); también existe el temor de que, aquellos quienes deban manejar la “cosa pública” no estén plenamente capacitados de hacerlo, cometiendo altos grados de desperdicio de ese recurso elemental que le pertenece a la Sociedad en la cual está dicho Estado.
La sociedad de consumo se da en momentos en que el mismo individuo demanda calidad y cantidad de bienes que, de una u otra manera, el Estado puede garantizar su llegada a las manos del consumidor, mejorando la producción interna de dicha sociedad, como el caso ecuatoriano por ejemplo, pero tampoco podemos apelar a “lo nuestro” con afanes claramente demagogos que nada bien le hacen a la economía, ya que la prioridad, por lógica natural, siempre debe ser a lo interno, pero no olvidemos que en una sociedad globalizada, las prioridades pueden ser todas sin rango de jerarquía. En este ámbito, la lógica nos dice que el consumo es motivado por las garantías dadas por el Estado, ya que nadie va a consumir algo que esta fuera del alcance económico de uno.

Balance en el debate mercado-Estado[7]

En opinión de Nelson (2000) la forma simplista de entender la institución del mercado dentro del pensamiento convencional ha conllevado a la proclamada irrupción y primacía del mercado en las actividades económicas durante las últimas décadas. Las actividades del mercado tienen varias características que las hacen mucho más complejas y variadas de lo que comúnmente los libros de texto nos sugieren. La flexibilidad que tiene las actividades de mercado para trabajar en una amplia variedad de contextos, y que está reflejada en su variabilidad y complejidad, es lo que la convierte en la mejor opción frente a otras alternativas. Su carácter receptivo a nuevas y cambiantes ideas y conocimientos lo hace una institución adaptable y, por ende, apta para afrontar distintos y variados contextos.

 El argumento de Hayek (1974) es el mismo: la experiencia muestra que las economías modernas dependen de la multiplicidad y diversidad de necesidades, recursos y tecnologías y, por tanto, requieren mucho más allá de un sistema central planificado y de control de información y asignación de recursos. Es así como requieren de respuestas apropiadas a condiciones cambiantes, las cuales se amplían cuando hay un número grande de actores en un contexto adecuado de mercado. La debilidad del comunismo fue su inhabilidad para mantenerse al tanto y para sacar el mayor provecho del rápido progreso tecnológico que ocurría en las economías con un mecanismo de mercado fuerte.

Las características de variabilidad, complejidad y diferencia en el funcionamiento del mercado le da unas ventajas frente a otras actividades como las de planificación central. Pero esto no significa necesariamente que, por ello, las funciones del mercado tienen cabida en toda actividad económica y no cuentan con desventajas e, incluso, cierto grado de inviabilidad. Por ejemplo, no es tan sencillo afirmar en la actualidad que la estructura del mercado es per se adecuada para gobernar actividades relacionadas con la justicia, la salud, la educación, el internet, el cuidado infantil, etc. Pero, de otro lado, tampoco puede afirmarse llanamente que el mercado no tiene ninguna función en este tipo de actividades y que sólo puede dedicarse a la producción de cierto tipo de bienes como carros, aviones, alimentos, etc. Nelson (2000) menciona al menos dos casos donde el mercado adquiere cada vez mayor relevancia: el cuidado infantil y la lucha contra el crimen. Claro que no quiere decir con esto que son temas para que el mercado lidie sólo con (o contra) ellos, a pesar de que sí juegue un papel en estas áreas [8].

Claro está que la gran receptividad y permeabilidad que tiene el sistema socioeconómico a las relaciones de mercado, no debe prestarse para reforzar la retórica convencional de que debe entonces propenderse por mercados libres de toda interferencia, puesto que ésta también cuenta con un tratamiento por demás simplista. Los "mercados libres", según la teoría convencional, producen resultados socialmente óptimos en la mayoría de los casos; así que la intervención estatal sólo se legitima cuando se trata de mejorar los resultados de los "mercados libres". Pero este discurso, aparentemente sencillo, no muestra que la expresión de “mercados libres de intervención estatal en un país o región o en un punto de la historia puede significar distintas cosas. Los ejemplos que cita Chang (1997) son las regulaciones estatales sobre trabajo infantil y sobre el medio ambiente en países del primer mundo (como los pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE) y los del tercer mundo. En los países de la OCDE, los derechos del niño y la prohibición del trabajo infantil no es un tema de debate político. En contraste a esto, en países del tercer mundo (de ayer y de hoy) tales derechos no son totalmente aceptados y por tanto la acción estatal respecto al trabajo infantil es considerada intervención, cuyo impacto en la eficiencia todavía es un tema legítimo de debate político (Chang, 1997, p. 9). De otro lado, no hace mucho, en varios países de la OCDE, la reglamentación sobre estándares ambientales fue criticada como intromisión en la libertad individual y de empresa (por ejemplo, los estándares de emisiones de gas de los automóviles) pero en la actualidad no se perciben como intervenciones. Muy pocos de estos países hoy en día dirían que su industria automotriz no es “libre” debido a esta regulación. En los países del tercer mundo en la actualidad, esta regulación, así como en otras industrias como la informática y la de telecomunicaciones, se percibe como barreras a la libertad de empresa que distorsionan el funcionamiento de los mercados. Es así como recientemente en nuestro país, basado en este tipo de argumentaciones, la reforma laboral “flexibilizó” el mercado laboral para quitarle barreras al mercado como la reglamentación de horas extras, contratos temporales, salarios mínimos, etc.

El problema legítimo que se presenta entonces es la dificultad de la delimitación entre los derechos y las obligaciones que le corresponden a cada sujeto en sus relaciones, en el marco del mercado en un contexto histórico y geográfico, la cual se observa en la definición de espacios diferenciados cuyas fronteras determinan el ámbito de la acción de los ciudadanos y del ejercicio del poder centralizado. El problema no es, como en muchos ámbitos se llegó a plantear, una justificación de propuestas escapistas tales como “cada vez más mercado y menos Estado. Estas soluciones, así como las soluciones de un sistema central planificado, parecen basarse en la búsqueda de atajos para evitar el encuentro con la complejidad del problema de delimitación en las relaciones de mercado y Estado por medio de la eliminación de una de sus partes.

Como ya hemos visto, el mercado facilita las apuestas individuales y, sobre todo, promueve la innovación, haciendo del desequilibrio su carácter esencial. Sin embargo, el pensar convencional al absolutizar el mercado como mero mecanismo de asignación, niega el hecho de que la función más importante es la innovación. Por supuesto, los derechos deben ser garantizados y las redistribuciones de riqueza tienen que regularse; el mercado colapsaría en ausencia de la caja de resonancia que es el Estado, pues es allí donde las frecuencias del conflicto se combinan ya sea para producir los himnos a la alegría, o por el contrario, para marchar al ritmo de las fanfarrias militares.

Sin embargo, esto no debe prestarse a engaños. Los límites del Estado están en que no es una institución autónoma, cuyo papel es servir de árbitro para regular de manera neutral el cumplimiento de las reglas del juego, asignando las penas y los premios imparcialmente. No. Según Fontana (1999): El Estado habla en nombre de todos, pero sirve muchas veces a los intereses de determinados grupos sociales y perjudica a otros. Como sostenía Gramscy cuando el ejercicio de la fuerza tiene altos riesgos y el consentimiento está en duda, existe a disposición del príncipe la tercera palanca: la corrupción. Lo sorprendente según Fontana (1999) es que refiriéndose al tema, un estudio del Banco Mundial sostiene que la hay de dos tipos: la normal y aceptable, en que, según las palabras de un empresario pagas el precio acordado y obtienes lo que quieres, y aquella otra, totalmente inaceptable, en que no tienes la seguridad alguna de recibir el favor o servicio por el que has pagado (Banco Mundial, 1997 p. 34).

Hemos analizado el balance en el debate mercado-Estado. Podemos concluir que el Estado, así como otras estructuras convencionalmente consideradas como de no mercado, son requeridas, no tanto porque el mercado falla (es decir, porque no sea todopoderoso), sino porque la esencia misma de las relaciones de mercado llevan inherente la presencia inevitable de todos los sujetos que con el ejercicio de su voluntad interactúan e inciden de manera directa o indirecta en la sana y productiva dinámica del mismo. El inadvertir prescindir de la presencia de cualquiera de los sujetos que actúan en la dinámica real del mercado, simplemente conduciría a una lectura errada del mismo generando como consecuencia un riesgo mayor de manipulación por parte de los sujetos considerados como únicos e irrestrictos. Finalmente vemos que la interacción de voluntades entre los sujetos, incluido el Estado, son en últimas los que determinan el significado de la regulación. En este sentido, si bien es cierto que el Estado cuenta con facultades de regulación, no es menos cierto que las actividades realizadas por los demás sujetos también son manifestaciones de regulación, ya que en suma, unas y otras son las que dan origen al conjunto de actividades y tendencias que determinan el mercado. Por ello podríamos hablar de unas actividades de regulación visibles y otras invisibles, tal vez porque las primeras o institucionales se expresan a través de reglamentaciones y documentos de política pública, mientras que las segundas simplemente son ejercidas por los consumidores o las empresas sin anuncio público alguno. Esta lectura nos lleva a concluir que para sorpresa de las teorías convencionales, la regulación ejercida por el Estado, en tanto que es pública, se encuentra altamente limitada por los mecanismos de control social, mientras que la regulación invisible, debido a su naturaleza, escapa con facilidad a dichos controles y corre el riesgo de prestarse para ser ejercida a título individual sin limitaciones de orden social.

Estos aspectos nos ayudan a esclarecer aún más la verdadera dimensión del Estado como sujeto de mercado y los alcances de la regulación desde su componente de invisibilidad, para lograr una mayor comprensión de la relación que existe entre los conceptos de mercado y Estado regulador, con un sentido sistémico, práctico y real.












Fuentes:

- Mercado Vs Estado, un debate inconcluso PDF, HERNÁNDEZ, Iván; RODRÍGUEZ, María Cristina y MORENO, Álvaro,  ECONOMÍA Y DESARROLLO, VOLUMEN 3 NÚMERO 1, MARZO 2004.

- Los roles emergentes del Estado en la gobernabilidad global, HERNÁNDEZ, Vargas José, páginas 14 a 17 http://rcci.net/globalizacion/2001/fg187.htm

- Economía Básica PDF, RAMÍREZ, Jorge, Guanajuato, México, páginas 48 a 54, 2006.


Notas:

[1] Economía Básica PDF. Rionda Ramírez es profesor de microeconomía en la Universidad de Guanajuato, en México, este libro fue publicado en el 2006, páginas 48 a 54.

[2] Desde un análisis microeconómico.

[3] La cuestión “básica” se circunscribe en el proceso neoliberal que la Sociedad ha demandado del Estado: en reducirse con el único propósito de mejorar, eficientemente, su labor.

[4] Subjetivo.

[5] Los roles emergentes del Estado en la gobernabilidad global, HERNÁNDEZ, Vargas José, páginas 14 a 17 http://rcci.net/globalizacion/2001/fg187.htm

[6] Este apartado está basado en las observaciones que he realizado como comerciante. No es por cuestión ideológica crear un marco conceptual con respecto a sí o no se debe dar paso al Mercado o el Estado (“guerra” relativamente nueva, que data a inicios del decimonónico), sino dar claridad a que tanto el uno como el otro se necesitan sin discordancia.

[7] Mercado Vs Estado, un debate inconcluso PDF, HERNÁNDEZ, Iván; RODRÍGUEZ, María Cristina y MORENO, Álvaro,  ECONOMÍA Y DESARROLLO, VOLUMEN 3 NÚMERO 1, MARZO 2004.

[8] Los colegios, las niñeras, las compañías de seguridad privada, las firmas de abogados, son todos ellas evidencia que la participación del mercado en estas áreas está creciendo
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